INTERVENCIÓN DE FACTORES SOCIALES, POLÍTICOS, CULTURALES Y ECONÓMICOS COMO CAUSAS Y EFECTOS GENERADOS POR EL “AYMARAZO” COMO CONFLICTO SOCIAL EN PUNO-PERÚ

Este trabajo de investigación parte analizando el problema como: ¿Cuáles son los factores sociales, políticas, culturales y económicas que han originado las causas y efectos del “aymarazo” como conflicto social protagonizado por los pueblos aymaras de la zona sur de la región Puno durante el año del 2011?; considerando que los conflictos socio ambientales en el Perú han estado creciendo de manera significativa, en forma más intensa, de más larga duración, con agendas más complejas, movilizando mayor número de personas que se sienten o se perciben eventualmente afectados o excluidos de los beneficios.

Por otro lado, el número de concesiones han aumentado de manera significativa duplicándose entre el 2006 al 2011, y la minería ha logrado su mayor expansión en el territorio, con presencia no solo en la costa y sierra, sino también en la selva. Sin embargo, las comunidades, las autoridades locales, e inclusive los gobiernos regionales perciben tener poco o insuficiente nivel de involucramiento sobre el uso de las riquezas naturales a pesar de tener competencias sobre los territorios y sobre los impactos o beneficios que puedan causar los proyectos mineros que se encuentra en las regiones. Paradójicamente, cerca del 50% de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo son conflictos categorizados como socio ambientales, de los cuales alrededor del 80% involucran el desarrollo de proyectos mineros, sobre todo lo concerniente al agua. Coincidentemente, las regiones con mayores niveles de conflictividad tienen los índices de pobreza más altos en el país. Así el 30 de julio del 2011, el ministro del ambiente, Ricardo Giesecke, confirmó que en el Perú hay cerca de 125 conflictos sociales, calificados como socio-ambientales, de los cuales el 80 por ciento tiene que ver con la minería. Por ejemplo que en el mes de junio se registraron una serie de protestas en las regiones de Puno (sur, fronterizo con Bolivia) refiriéndose al “aymarazo” y Cajamarca (norte) por parte de comunidades campesinas que rechazan la minería porque contamina los ríos y sus áreas de cultivos.

Así en este escenario, para el mes de marzo del 2012 Ancash lideraba el ranking de conflictos sociales con 25 de ellos, seguido de Puno con 22, Cajamarca con 17 y Cusco con 16. A esta fecha, los conflictos sociales suman 206, de los cuales 139 corresponden a conflictos socio ambiéntales. Este número equivale al 58.6% de los conflictos sociales registrados en marzo de este año. Los 139 conflictos socio ambientales están referidos a demandas y exigencias de pobladores a las empresas mineras. Frente a los escenarios de conflictos, el Estado intenta responder dentro de su política de promoción del desarrollo a través de la inversión privada de la minería con mecanismos de gestión de conflictos.
Sin embargo al margen de las limitaciones en las capacidades de los funcionarios encargados de esta tarea no se puede superar los problemas de la voluntad política para actuar, la aplicación de un enfoque de prevención de crisis para asegurar la gobernabilidad política y el manejo de crisis con una perspectiva de seguridad del estado y no transformativa.

En este escenario nacional, la región de Puno es la primera región que tiene el mayor número de solicitudes en trámite, así como autorizaciones de exploración y explotación, autorizaciones que han comprometido territorios de cultivo, zonas arqueológicas, zonas urbanas de habitabilidad, recursos naturales protegidas, entre los más principales.

En este contexto, se ha generado un conflicto social originados por los pobladores “aymaras” de la zona sur de nuestra región; conflicto social que tiene una explicación percibida desde la identificación de un problema central, conjunto de causas y por supuesto, una serie de efectos.

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